A partir del 2 de Diciembre de 2024, deberán recogerse los siguientes datos de los turistas en España
La introducción del nuevo registro se ha pospuesto varias veces desde 2021, en parte debido a dificultades técnicas y al impacto de la pandemia de coronavirus en la industria turística. El sector se resiste, pero el reglamento entra en vigor a pesar de todo.
Transmisión de datos
Esta ampliación de la recogida de datos no sólo afecta a los hoteles, sino también a las empresas de alquiler vacacional, los proveedores de alquiler de coches y las agencias de viajes. El sector se refiere a un formulario con un total de 40 campos que hay que rellenar.
El arrendador está obligado a transmitir los siguientes datos a la autoridad competente:
- Nombre cívil completo
- Género
- Número y tipo de documento de identidad
- Nacionalidad
- Fecha de nacimiento
- Lugar de residencia habitual
- Teléfono fijo
- Teléfono móvil
- Correo electrónico
- Número de viajeros
- Relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad).
Recogida de datos
La implantación de esta normativa podría dar lugar a un registro múltiple de los turistas en Mallorca en el sistema policial. Un viajero que reserve una estancia en un hotel con un coche de alquiler a través de una agencia de viajes sería registrado tres veces: por la agencia, el hotel y la empresa de alquiler de coches. La asociación española del sector turístico Cehat califica esta situación de caótica. Los defensores de los consumidores critican la amplia recogida de datos y afirman que el decreto de registro no se ajusta al principio de minimización de datos de la UE.
Adiós a la protección de datos
Los críticos califican de «desproporcionada» la avidez de datos de las autoridades de seguridad y la consideran una violación de las directivas europeas de protección de datos. Sostienen que esta práctica convierte a los hoteleros/propietarios de alojamientos vacacionales en una especie de «policía turística». El motivo es la obligación de los proveedores de alojamiento de verificar la exactitud de los datos personales. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear severas multas de hasta 30.000 euros.
